Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios

Los bancos han sabido siempre que cualquier préstamo por encima de un tercio de los ingresos del prestatario tiene riesgo de impago. Por tanto, conceder un préstamo más allá de esas condiciones es un riesgo que el propio prestamista asume.

Y hay mayor responsabilidad en el banco por asumir ese riesgo, que en los prestatarios. De hecho, estos años pasados han sido los bancos quienes han estimulado a los clientes a elevar el montante de su deuda y a asumir préstamos. Al caer en la trampa, los clientes quedaban empeñados de por vida con el banco (esto es un cliente “fiel”). Los bancos sabían prácticamente con certeza que no todos lograrían pagar, y por eso pedían como avales tener descendencia que se hiciera cargo de la deuda (a 40 años…). Ahora bien, sabían también que ellos —los bancos— no tenían nada que perder, pues siempre podrían recuperar la vivienda. Además, al no admitir el retorno de la vivienda sin más como cancelación de la deuda, demuestran que con las operaciones fallidas hacen negocio, pues exigen el beneficio que supone restituir la vivienda al precio antiguo de compra, cuando en la actualidad su precio ha bajado. Es como sacar ganancias de una operación especulativa en bolsa, pero en acciones-vivienda.

Priorizar el rescate de los bancos por encima del de los prestatarios es una cuestión política y dice mucho del “signo” o la tendencia —la jerarquía de valores— de un gobierno. Pero, en cualquier caso, un banco no debería arriesgar confiando en que va a ser rescatado por el Estado para garantizar sus depósitos. Sin embargo, es lo que ha sucedido.

Cuando los desahucios son masivos se intuye que hay una responsabilidad subyacente más general que la de los prestatarios individuales, debida al sistema, a las condiciones, a la situación económica, etc. Es la responsabilidad de la propia banca, que ha actuado “sistemáticamente” de un modo determinado con toda una masa de clientes, empujándoles hacia el riesgo, pero sin asumirlo ella misma. Y es también la responsabilidad de la Administración pública, que ha permitido un modelo de desarrollo basado en la especulación, en la creación de un oligopolio (todos contra el cliente), con elevación artificial de los precios, creando un mercado “fantástico” para ellos (e indirectamente, pero sólo en apariencia, también para los clientes), pero conscientemente muy arriesgado: fuimos advertidos por ello desde Europa. También había plena consciencia en el mundo financiero y de la Administración pública del creciente y peligroso endeudamiento de las familias españolas, que fácilmente podía llevar a una situación crítica, como de hecho ha sido.

Las responsabilidades van por grados: son mayores cuanto más arriba se producen en la jerarquía social y además, en consecuencia, cuanto más generales son (afectan a más personas e incluso claramente al interés general). Que una familia caiga en crisis y tenga que perder su vivienda es una responsabilidad personal; pero, que 1.500.000 familias estén en las mismas condiciones, a la vez que hay 5.000.000 de parados, de una situación tan general, sólo puede deberse a una responsabilidad de quien es responsable del interés general, que es la Administración pública.

Ya sabemos que el derecho a la vivienda expresado en la Constitución, igual que el derecho al trabajo, no puede interpretarse como un derecho al subsidio por tales conceptos. Pero el artículo 47 de la Carta Magna es claro al matizar esta cuestión:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»

Los poderes públicos, sin embargo, han hecho manifiestamente justo lo contrario, promoviendo las condiciones y reglas que han permitido la situación actual de desahucios masivos con la consiguiente crisis social. Y la regulación del suelo parece haber sido hecha efectivamente para fomentar la especulación (combinada con las maniobras de recalificación) y no precisamente en beneficio del interés general.

Por tanto, los jueces que hayan de determinar individualmente cada caso de desahucio deberían dirimir antes claramente si no hay en él responsabilidad de “otros” y aplicar las atenuantes adecuadas siempre que sea posible, hasta evitar el desahucio: si bien el gobierno, conocedor y controlador en cierto modo de la macroeconomía, podía prever o incluso provocar indirectamente, por negligencia, una crisis económica del calibre de la actual, lo que es seguro, en cambio, es que los clientes particulares no eran en absoluto capaces de ello, ni por conocimiento, ni por capacidad de acción sobre el sistema. Y, por tanto, no son del todo responsables de su situación crítica. Nadie se ha negado a pagar por voluntad propia, ni siquiera por negligencia (los jueces decidirán en cada caso).

Los desahucios que se están produciendo no son mayoritariamente desahucios por fracasos en intentos de compra de segunda vivienda como inversión (negocio, donde podría caber negligencia o error propios del comprador), sino por crisis social y económica durante la compra de primera vivienda por las familias de rentas más bajas. Digamos que en esta riada que es la crisis, el agua ha subido y va subiendo progresivamente hasta capas más altas, pero claramente empieza por abajo, que no son los que compran vivienda como inversión. Familias, por tanto, que van, sencillamente a la calle y que además, por falta de la admisión de la dación en pago (lo cual, como hemos visto, es muy ventajoso para los especuladores), quedarán empeñadas de por vida, además sin condiciones económicas y de trabajo para recuperarse: una sangría social.

Cuando los desahucios y el paro son masivos, el rescate de los prestatarios puede ser socialmente —vitalmente— prioritario respecto del rescate de la banca, que ha producido, con mayor conocimiento y responsabilidad, un fraude ostensible a la sociedad y el Estado y que incluso aún están cobrando de éste.

En conclusión, el Estado debe afrontar el problema de la crisis de la vivienda, de la burbuja inmobiliaria que él mismo ha dejado crecer y de la cual se ha beneficiado torpemente, antes o tanto como del problema de la economía nacional. El nuevo gobierno debería al menos conceder por Decreto una moratoria de los desahucios durante un tiempo equivalente al que dure la crisis. Porque este problema es, seguro, tan grande o mayor que el ocurrido por la desgracia del terremoto de Lorca, que tuvo en su momento su correspondiente Decreto.

No se pueden hacer desahucios masivos en un momento tan anormal, de crisis, en la que los particulares no tienen responsabilidad: es casi como una catástrofe natural, pero con la diferencia de que aquí sí que hay responsables, que no son los compradores, sino los vendedores, los financiadores y los reguladores (el gobierno).

Ningún particular podía prever o valorar el cambio de la situación económica nacional y mundial, pero el mundo financiero y las autoridades públicas sí, lo sabían, o al menos era su obligación prevenirlo evitando riesgos inasumibles. —Yo no sé si “ellos” lo sabrían, pero ‘yo’, que no soy especialista, sabía que esto no podía acabar menos que así, incluida la manifestación reactiva de la ciudadanía en la calle el #15M. Y no es cosa de adivinos, pues, igual que se nos advirtió del riesgo de la economía del ladrillo y del endeudamiento de las familias españolas, Sarkozy mismo ya advirtió en 2008, durante la reunión del grupo de los 20, que había que tomar medidas eficientes de solución de la crisis para evitar el más que previsible levantamiento de la población. Estaba en el ambiente —al menos al alcance de los que piensan y reflexionan sobre la situación política económica y social— el calibre o la magnitud de esta estafa o negligencia “del sistema”.


Cfr. Informe de la Defensora del Pueblo: "Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo"